El estudio, que “examina la realidad de los servicios de urgencias y el impacto de su funcionamiento sobre los derechos fundamentales de los ciudadanos”, se aprobó en una reunión de la defensora del Pueblo, Soledad Becerril, con el defensor del Pueblo Andaluz, Jesús Maeztu; el Justicia de Aragón, Fernando García; el diputado del Común, Jerónimo Saavedra; el procurador del Común de Castilla y León, Javier Amoedo; el adjunto general al Síndic de Greuges de Catalunya, Jordi Sànchez; el síndic de Greuges de la Comunitat Valenciana, José Cholbi; el valedor do Pobo de Galicia, José Julio Fernández; el defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz y el ararteko, Íñigo Lamarca.
Explicó Soledad Becerril, en la presentación del informe, que el documento recoge un análisis de los problemas comunes al conjunto de los servicios de urgencias, sin detallar la situación de ninguno de ellos, y aporta 40 conclusiones generales.
La saturación de las urgencias y el menoscabo de la dignidad de los pacientes
Destaca el informe que, si bien las medidas de ampliación y renovación llevadas a cabo en los espacios destinados a la atención de urgencias son importantes, es necesario que se introduzcan cambios estructurales, en la organización y gestión de los servicios, para resolver los problemas de presión asistencial y de saturación. Como señaló el defensor del Pueblo de Navarra, Francisco Javier Enériz, las frecuentes situaciones de saturación de estos servicios llevan al “menoscabo de la dignidad de los pacientes”, así como a la vulneración del derecho a la intimidad.
Asimismo, Enériz reafirmo, lo que tantas veces se ha señalado: la “insuficiencia de las dotaciones de plantilla”, que producen “estrés laboral”, que generan “situaciones de riesgo” y que derivan en la asunción de responsabilidades por parte de los residentes que no les corresponden. Los defensores del pueblo, en consecuencia, abogan por garantizar que existan suficientes profesionales en los servicios de urgencias, en todas las franjas horarias y todos los días de la semana, más aún cuando, como señaló el defensor del Pueblo de Navarra, los picos en este servicio se pueden prever.
La necesidad de crear la especialidad de urgencias y emergencias
Otro aspecto que vale la pena resaltar, es que la defensora del Pueblo y los defensores autonómicos han llegado al convencimiento de que es preciso definir la especialidad de urgencias y emergencias, a lo que añaden la necesidad, como señaló Enériz, de “actualizar los protocolos de actuación” en estos servicios. De igual manera, el informe propone que se tenga en cuenta a los responsables de los servicios de urgencias en la toma de decisiones sobre disponibilidad de recursos, camas hospitalarias y personal.
La obligación de la atención en urgencias y de la continuidad asistencial
Los defensores resaltan que en muchos lugares la continuidad asistencial de los inmigrantes en situación irregular no está garantizada y que, incluso, en muchas partes se ponen “pegas administrativas” para prestar la atención.
Como señala el informe: “La situación de urgencia se delimita temporalmente por la emisión del alta médica, pero dicho concepto se confunde habitualmente con el alta hospitalaria. No obstante, la primera presupone la atención integral del problema hasta su mejoría o curación, mientras la segunda implica exclusivamente que se ha procurado asistencia en la fase aguda, pero no excluye la necesidad de actuaciones posteriores”. Recuerdan los defensores, por tanto, que todas las personas en el territorio español deben, como señala la normativa vigente, recibir asistencia médica,”más allá del alta en los servicios de urgencias, hasta que se resuelva el problema de salud que dio lugar a la urgencia por enfermedad grave o accidente”.
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